Redacción. Contraportada
En lo que va de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha emitido un total de ocho recomendaciones a alcaldes, sobre todo de municipios rurales, en donde el factor común es la mala actuación de sus elementos policiacos ya sea por detenciones injustificadas o ilegales – algunas de ellas contra menores de edad-, excesiva fuerza, uso de armas oficiales y decesos, omisiones que derivaron en daños colaterales y decisiones que no correspondían a su ámbito de competencia.
Un recuento basado en datos oficiales del organismo revela que el 8 de febrero fue la primera recomendación para el alcalde de Jilotzingo luego que uniformados detuvieran injustificadamente a una mujer acusada de robo. Al ser presentada, la autoridad a cargo pretendía que firmara un pagaré y dejara en garantía un terreno de su madre, que pasaría a ser propiedad de la persona que la acusó si no pagaba en seis meses 100 mil pesos, lo cual constituyó, de acuerdo a la Comisión, un procedimiento irregular, abusos y omisiones por parte de los servidores públicos municipales.
El 15 de febrero, el presidente municipal de Amecameca recibió un aviso derivado de la violación al derecho a la vida, a la legalidad y a la seguridad jurídica por parte de policías locales en hechos ocurridos en 2014, quienes – tras una persecución -accionaron sus armas contra un ciudadano, el cual quedó herido y luego perdió la vida.
El 4 de marzo, la Codhem emitió su tercera recomendación, en esta ocasión, al presidente municipal de Valle de Bravo por la detención arbitraria de cinco personas, entre ellas, un menor de edad. La investigación reveló que elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Vialidad, procedieron de manera incompatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica, al detenerlos, por presuntas infracciones al Bando Municipal 2013-2014, consistentes en la alteración al orden e ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública, lo cual no se corroboró.
Por anomalías en arresto y multa, el edil de Donato Guerra fue notificado el 8 de abril de una recomendación por la ausencia del oficial calificador para determinar la liberación de un detenido por elementos de la policía municipal, y por las atribuciones que se tomaron tres de éstos para hacerlo, tras el pago de una multa, considerada excesiva.
Al alcalde de Tecámac le correspondió una sugerencia similar el 13 de abril ya que la intervención de policías municipales en una controversia familiar derivó en la violación al derecho a no ser privado de la libertad en forma arbitraria un menor de edad. El padre fue quien acusó a la madre y el responsable de sustraerlo con el aval de un comandante. Fue evidenciado además el secretario de acuerdos de la oficialía calificadora, al consentir el ingreso de la mujer a galeras sin determinar su situación jurídica, y aplicó una amonestación pública pese a la ausencia de elementos para calificar la falta administrativa.
El 22 de julio, otra recomendación fue emitida a Teotihuacán por abuso de autoridad del cuerpo policiaco de élite en contra de dos ciudadanos, uno de ellos detenido por ingerir bebidas embriagantes en vía pública y en las galeras municipales fue mojado y agredido. El otro caso fue de una mujer que fue sustraída de su domicilio por una supuesta alteración del orden y detenida por los mismos elementos de la citada Unidad.
Con fecha 24 de junio, en el municipio de Tianguistenco un jefe policíaco ordenó a un elemento detener a un adolescente, propiciando el uso de la fuerza física, por lo que el alcalde recibió una recomendación del organismo. Las indagatorias revelaron que dos agentes de seguridad se extralimitaron sus funciones por una presunta alteración del orden y la falta de respeto a uno de los oficiales.
El 20 de mayo, el edil de Zumpango fue reconvenido por la detención arbitraria e ilegal de un ciudadano a manos de cuatro policías. Los hechos ocurrieron en 2013, cuando detuvieron a un hombre dentro de su domicilio, por una denuncia anónima, que lo señalaba como presunto responsable de robo. Los agentes no contaban con mandamiento legal correspondiente, lo presentaron ante la autoridad calificadora, la cual, no encontró elementos para sancionarlo o detenerlo; no obstante, fue privado de su libertad, bajo el argumento de cometer una falta administrativa que no se acreditó, y liberado después del pago de mil 300 pesos.
En casi todas las recomendaciones, el organismo sugirió a los presidentes municipales implementar cursos de capacitación, actualizarse en derechos humanos, separaciones en varios cargos, mejoras en la organización laboral de las corporaciones, adecuaciones a inmuebles donde se remite a los detenidos y cursos de uso legítimo de la fuerza oficial.
Sin embargo, a la fecha se desconoce si hay seguimiento de las sugerencias y sus eventuales resultados.
Contraportada. Dossier Ciudadano 